La propuesta de «gestores de paz» de Luisa González genera debate sobre modelos de seguridad ciudadana
Quito, abril de 2025 – La candidata presidencial Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, ha reavivado el debate público en torno a las estrategias de seguridad ciudadana tras presentar su propuesta de crear un cuerpo de “gestores de paz” que trabajen en coordinación con la Policía Nacional. La iniciativa contempla una inversión de 72 millones de dólares y busca, según González, articular a la sociedad civil en labores preventivas de seguridad desde los barrios.
La propuesta ha sido cuestionada por diversos sectores, incluido el presidente y también candidato Daniel Noboa, quien comparó la idea con la formación de grupos paramilitares en países como Venezuela y Nicaragua. “Ecuador no necesita milicias armadas como las de Venezuela y Nicaragua”, expresó Noboa a través de sus redes sociales, calificando a los “gestores de paz” como potenciales grupos leales a un partido político más que al Estado.
Ante estos señalamientos, González respondió:
“Nuestra propuesta articula a la sociedad civil, a la comunidad y a los barrios bajo la dirección y fortalecimiento de la Policía Nacional y la policía comunitaria. No estamos planteando milicias, sino un modelo de seguridad preventiva con participación ciudadana”.
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¿Qué propone Luisa González?
Según explicó la candidata en una reciente entrevista, los «gestores de paz» serían ciudadanos contratados con medio salario básico unificado (USD 235) para colaborar con la Policía en tareas de prevención y vigilancia comunitaria. Este grupo estaría enfocado en generar entornos seguros en los barrios, fomentar la cultura de paz y canalizar alertas a las autoridades.
González también criticó el manejo actual de la seguridad por parte del gobierno:
“Lo que usted ha hecho [refiriéndose a Noboa] es abandonar a la Policía y las Fuerzas Armadas, enviándolos sin recursos ni dotaciones a enfrentar el crimen. Nosotros buscamos fortalecerlos desde la comunidad”.
Un modelo con antecedentes en la región
La propuesta ha suscitado preocupación en parte de la ciudadanía y la opinión pública debido a los antecedentes en otros países de América Latina. En Venezuela, los denominados “colectivos” nacieron como estructuras sociales de apoyo al chavismo, pero con el tiempo se han visto involucrados en acciones de represión, uso de armas y control territorial, según informes de organizaciones como Human Rights Watch.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha sido señalado por organismos internacionales por el uso de grupos parapoliciales que operan junto a la Policía Nacional. En enero de este año, estos grupos fueron legalizados bajo la figura de “Fuerzas Militares de Reserva Patriótica”, integradas por militares retirados y civiles afines al régimen.
Cuba, por su parte, mantiene desde hace décadas una estructura civil armada a través de la “Milicia de Tropas Territoriales” y los “Comités de Defensa de la Revolución”, que funcionan como redes de vigilancia ciudadana en cada barrio.
Miembros de la milicia «Colectivos» reaccionan con armas de fuego en el barrio 23 de Enero durante un ejercicio militar en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2025.
Un debate sobre el rol de la ciudadanía en la seguridad
La propuesta de los gestores de paz pone en el centro del debate el papel que debe jugar la ciudadanía en las estrategias de seguridad. ¿Debe limitarse a un rol de denuncia y prevención o puede tener funciones más activas dentro de un modelo mixto junto a las fuerzas del orden?
Mientras algunos sectores ven con buenos ojos una mayor participación comunitaria en la prevención del delito, otros advierten sobre los riesgos de armar o empoderar estructuras paralelas que puedan desbordar sus funciones o ser utilizadas con fines políticos.
En un contexto electoral marcado por la inseguridad y la violencia criminal, el debate sobre cómo garantizar la paz y el orden ciudadano seguirá ocupando un lugar prioritario en la agenda pública.
